El populismo penal es un virus especialmente nocivo que recorre la Argentina de un extremo al otro, recurrentemente, cada vez que algún hecho criminal logra capturar la indignación colectiva. El populismo penal tiene una receta y una respuesta habituales frente al crimen -mayor violencia estatal- pero con una novedad llamativa: reclama dicha violencia en nombre de la voluntad mayoritaria. Se trata, por tanto, de un movimiento que promueve un Estado más duro, en nombre de la democracia: "la gente lo pide" -se nos dice-, o también: "hay un clamor popular que exige terminar con esto."Nos dice el profesor de derecho constitucional Roberto Gargarella, en su brillante columna publicada hoy en el Clarín.
Hoy, quienes estamos en contra de subir las penas y bajar la edad de imputabilidad como respuesta única, estúpida, irracional, a un problema de "la gente" -votantes, encuestados, o como queramos llamar a ese sector de la sociedad que tiene voz, luz, cámara y acción, en contra de la imensa minoría que sufre el fascismo de ese mismo sector-, estamos en franca retirada.
Hasta el progresismo K tiene su propio proyecto en el Congreso. Es inútil recordar que los menores de 18 acusados de delinquir no tienen hoy ninguna garantía procesal y, por lo tanto, nada con qué defenderse. Es inútil reclamar garantías constitucionales, porque la cuestión es otra.
En medio del fragor mediático, de los miles de Blumbergs que hay dando vueltas por C5N y TN con sus velas y sufrimientos reales o eventuales (¡¿quién puede legislar desde el dolor?!), todo esto pierde seriedad. Pierde seriedad porque no hay debate, porque "hay que hacer algo ya", porque no se puede parar la pelota y pensar a dos meses de las elecciones.
Porque, en definitiva, una de las nuevas vertientes del populismo -que alguna vez dio sidra, pan dulce y, sobre todo, dignidad- es el castigo.
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